Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un permiso no es un interruptor grande. IRIS reparte 315 permisos en 66 módulos, y se conceden o se quitan uno por uno: se decide quién ve qué cámara, quién exporta video y quién no puede hacer nada más que mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y alguno más—, y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Encima del permiso está el alcance: sobre qué sede, sobre qué cámara, sobre qué caso, con fecha de vencimiento y con aviso una semana antes. Y hay una regla escrita en la propia pantalla: si un grupo niega algo, esa negación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un grupo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

Se escribe y ya no se toca: el registro de auditoría solo admite agregar. Y eso no es una promesa del programa, es una regla del propio almacén de datos, que rechaza cualquier intento de modificar o de borrar un asiento a mano, venga de quien venga. Cada asiento guarda 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde qué dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y va amarrado al anterior con una huella. Puesto en una instalación andando, eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Con un botón se recorre la cadena completa, y contesta si está íntegra o en qué asiento y en qué fecha se rompió. Se sella además por períodos, de modo que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tenía hoy.

Los datos personales se tratan por tipo, no en bloque. Cada tabla lleva su plazo con su base legal escrita al lado, y una pasada de madrugada los aplica sola y deja traza de lo que borró; antes de armarla se puede lanzar en simulacro, que no borra nada y muestra lo que caería. Las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás— tienen su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca, y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, y el panel destaca las que ya lo pasaron. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y destaparlas exige motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, separado del video, y la pantalla avisa por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en vez de dejar que se alargue sin que nadie diga nada.

El cumplimiento aquí es una lista, no un discurso. Por un lado, los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad español de nivel alto; por otro, los 93 del anexo A de la norma ISO 27001. Cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo, y los dos marcos cruzados entre sí, de modo que una sola declaración de aplicabilidad responde a las dos auditorías. A eso se suman un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una cola donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. Ahora, lo que esto no es: IRIS ayuda a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; el producto aporta las pruebas. La única homologación de un tercero que sí existe es la del conteo de personas ante el Centro Español de Metrología, el instituto nacional de metrología de España. Alcanza a esa medida y no al producto entero, y no equivale a ninguna acreditación venezolana ni la sustituye.

La avería que sale cara es la que se descubre el día que hace falta el video. Por eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar— y dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con los servicios y los servidores pasa igual: cuando algo falla no se pinta un icono rojo, se escribe el motivo, y el motivo separa entre no está corriendo, lleva horas sin refrescarse, responde pero no produce y se apagó a propósito. Hay además un diagnóstico que caza las fallas mudas, las que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un proceso de vigilancia detenido. Y una decisión que dice mucho del producto: cuando algo no se midió, la pantalla no lo pinta en verde. No es lo mismo que no haya averías que no haber podido comprobarlo, y aquí se separan las dos cosas.

Ni un archivo que editar, ni una sola vez que meterse al servidor: la configuración vive adentro del sistema y se toca desde el navegador. Son 1.524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios—, cada cambio con quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro documentado dentro de la propia plataforma: qué gobierna, en qué unidad, cuál es su valor de fábrica y qué pasa si se pone en cero, que no siempre significa infinito. El inventario de certificados sigue la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que vencen y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto —que se está sirviendo con el certificado de fábrica, el mismo en todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado—. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña de quien administra, porque tener la sesión abierta no basta para sustituir un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había. Detalles pequeños, y justo los que se echan de menos a los seis meses.