Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un permiso no es un interruptor grande. IRIS reparte 315 permisos en 66 módulos, y se conceden o se quitan uno a uno: se decide quién ve qué cámara, quién exporta video y quién no puede hacer nada más que mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y alguno más—, y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Encima del permiso está el alcance: sobre qué sede, sobre qué cámara, sobre qué caso, con fecha de caducidad y con aviso una semana antes de que expire. Y hay una regla escrita en la propia pantalla: si un grupo deniega algo, esa denegación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un colectivo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

Que el registro de auditoría sólo admita añadir no es una promesa del programa: es una regla del propio almacén de datos, que rechaza cualquier intento de modificar o de borrar un asiento a mano, venga de quien venga. Se escribe y ya no se toca. Cada asiento guarda 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde qué dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y va atado al anterior con una huella. En una instalación andando eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Un botón recorre la cadena completa y contesta si está íntegra, o en qué asiento y en qué fecha se rompió. Y el registro se sella por períodos, para que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tenía hoy.

Por tipo y no en bloque: así se tratan los datos personales. Cada tabla lleva su plazo con la base legal escrita al lado, y una pasada nocturna lo aplica sola y deja traza de lo que borró; antes de armarla se puede correr en simulacro, que no borra nada y enseña lo que caería. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y levantarlas pide motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, separado del video, y la pantalla avisa por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en vez de dejar que se alargue sin que nadie diga nada. Las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás— tienen su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca, y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Y una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, con el panel destacando las que ya lo pasaron.

Conviene empezar por lo que esto no es: IRIS está diseñado para ayudar a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; lo que aporta el producto son las pruebas para conseguirlo. Dicho eso, el cumplimiento se lleva como una lista y no como un discurso: los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto y los 93 del anexo A de la norma ISO 27001, cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo. Los dos marcos van cruzados entre sí, así que una sola declaración de aplicabilidad responde a las dos auditorías. Hay además un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una fila donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. La única homologación de un tercero que sí tenemos es la del conteo de personas ante el Centro Español de Metrología.

El video que hace falta un día y no está: esa es la avería que sale cara. Por eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar—, dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con los servicios y los servidores es igual: cuando algo falla no se pinta un icono rojo, se escribe el motivo, y el motivo distingue entre no está en marcha, lleva horas sin refrescarse, responde pero no produce y se apagó a propósito. Hay además un diagnóstico que caza los fallos mudos, los que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un proceso de vigilancia detenido. Y una decisión que dice mucho del producto: lo que no se ha medido no se pinta de verde. No es lo mismo que no haya averías que no haber podido comprobarlo, y aquí las dos cosas se distinguen.

Son detalles pequeños, y son justo los que se extrañan a los seis meses. Toda la configuración vive dentro del sistema y se toca desde el navegador: 1,524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios— sin un solo archivo que editar y sin entrar al servidor. De cada cambio queda quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro está documentado dentro de la propia plataforma: qué gobierna, en qué unidad, cuál es su valor por defecto y qué pasa si se pone en cero, que no siempre significa infinito. El inventario de certificados es de la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que vencen y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto —que se está sirviendo con el certificado de fábrica, el mismo de todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado—. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña del administrador, porque tener la sesión abierta no basta para sustituir un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había.