Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un interruptor grande no es un permiso. Aquí son 315, repartidos en 66 módulos, que se conceden o se quitan uno por uno: quién ve qué cámara, quién exporta video y quién no puede hacer más que mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y alguno más—, y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Encima del permiso está el alcance: sobre qué sede, sobre qué cámara, sobre qué caso, con fecha de vencimiento y con aviso una semana antes. Y hay una regla escrita en la propia pantalla: si un grupo niega algo, esa negación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un colectivo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

Que el registro no se pueda retocar no es una promesa del programa: es una regla del propio almacén de datos, que rechaza cualquier intento de modificar o borrar un asiento a mano, venga de quien venga. Solo admite agregar. Cada asiento guarda 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde qué dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y va amarrado al anterior con una huella. En una instalación corriendo eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Un botón recorre la cadena entera y contesta si está íntegra o en qué asiento y en qué fecha se rompió. Y el registro se sella por períodos, para que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tenía hoy.

Nada de tratar los datos personales en bloque: aquí se tratan por tipo. Cada tabla lleva su plazo con su base legal escrita al lado, y una pasada de madrugada los aplica sola y deja rastro de lo que borró; antes de armarla se puede correr en simulacro, que no borra nada y enseña qué caería. Las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás— tienen su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca, y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, y el panel destaca las que ya lo pasaron. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y destaparlas exige motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, separado del video, y la pantalla advierte por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en vez de dejar que se alargue sin que nadie diga nada.

Hay algo que conviene decir antes que nada, y es lo que este producto no es: IRIS está diseñado para ayudar a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; lo que aporta el producto son las pruebas para conseguirlo. Y las aporta como lista, no como discurso: los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad español de nivel alto y los 93 del anexo A de la norma ISO 27001, cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo, con los dos marcos cruzados entre sí para que una sola declaración de aplicabilidad responda a las dos auditorías. Hay además un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una bandeja donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. La única homologación de un tercero que sí tenemos es la del conteo de personas ante el Centro Español de Metrología, que es el instituto nacional de metrología de España.

Descubrir la avería el día que hace falta el video: eso es lo que sale caro. Contra eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar—, dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con servicios y servidores va igual: cuando algo falla no se pinta un ícono rojo, se escribe el motivo, y ese motivo separa «no está corriendo» de «lleva horas sin refrescarse», de «responde pero no produce» y de «se apagó a propósito». Hay además un diagnóstico para los fallos mudos, los que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un proceso de vigilancia detenido. Y una decisión que dice mucho del producto: lo que no se ha medido no se pinta en verde. No es lo mismo que no haya averías que no haber podido comprobarlo.

Los detalles que se echan de menos a los seis meses son pequeños, y aquí están puestos. Toda la configuración vive adentro del sistema y se toca desde el navegador: 1,524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios— sin un solo archivo que editar y sin entrar al servidor. Cada cambio guarda quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro está documentado dentro de la propia plataforma: qué gobierna, en qué unidad, cuál es su valor de fábrica y qué pasa si se pone a cero, que no siempre significa infinito. El inventario de certificados es de la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que vencen y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto: que se está sirviendo con el certificado de fábrica, que es el mismo en todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña del administrador, porque tener la sesión abierta no alcanza para sustituir un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había.