Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un permiso acá no es una llave maestra. Son 315 permisos repartidos en 66 módulos, que se conceden o se quitan de a uno: quién ve qué cámara, quién exporta video, quién solo puede mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y algunos más— y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Por encima del permiso está el alcance: sobre qué sede, sobre qué cámara, sobre qué caso, con fecha de vencimiento y con aviso una semana antes. Y hay una regla escrita en la propia pantalla: si un grupo deniega algo, esa denegación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Eso es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un colectivo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

Agregar sí, tocar no: al registro de auditoría se le escribe una vez y se acabó. Y eso no lo promete el programa; lo impone el propio almacén de datos, que rechaza cualquier intento de modificar o borrar un asiento a mano, venga de quien venga. En cada asiento entran 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde qué dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y cada uno queda amarrado al anterior por una huella. Sobre una instalación andando, eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Hay un botón que recorre la cadena completa y contesta si está íntegra, o en qué asiento y en qué fecha se rompió. Y el registro se sella por períodos, para que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tiene hoy.

Los datos personales se tratan por tipo, nunca en bloque. Cada tabla lleva su plazo con su base legal escrita al costado, y una pasada nocturna lo aplica sola y deja rastro de lo que borró; antes de armarla se puede lanzar en simulacro, que no borra nada y muestra lo que caería. Las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás— tienen su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca, y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, y el panel destaca las que ya lo pasaron. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y destaparlas exige motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, separado del video, y la pantalla advierte por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en lugar de dejar que se alargue sin que nadie diga nada.

El cumplimiento se lleva como una lista, no como un discurso. Están los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto —que es el marco de seguridad de la Administración pública española— y los 93 del anexo A de la norma internacional ISO 27001, cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo; los dos marcos van cruzados entre sí, así que una sola declaración de aplicabilidad responde a las dos auditorías. Hay además un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una cola donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. Y conviene decir lo que esto no es: IRIS está diseñado para ayudar a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno de ellos. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; lo que aporta el producto son las pruebas para lograrlo. La única homologación de un tercero que sí tenemos es la del conteo de personas, otorgada por el Centro Español de Metrología, el instituto nacional de metrología de España: es una homologación española y no equivale a una homologación peruana.

La falla que sale cara es la que se descubre el día que hace falta el video. Por eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar— y dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con los servicios y los servidores pasa igual: cuando algo falla no se pinta un ícono rojo, se escribe el motivo, y ese motivo distingue entre no está andando, lleva horas sin refrescarse, responde pero no produce y se apagó a propósito. Hay además un diagnóstico que caza las fallas mudas, las que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un vigilante detenido. Y una decisión que dice mucho del producto: cuando algo no se midió, la pantalla no lo pinta de verde. No es lo mismo que no haya fallas que no haber podido comprobarlo, y acá se distinguen las dos cosas.

Toda la configuración vive adentro del sistema y se toca desde el navegador: 1,524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios— sin un solo archivo que editar y sin entrar al servidor. Cada cambio guarda quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro está documentado dentro de la propia plataforma: qué gobierna, en qué unidad, cuál es su valor de fábrica y qué pasa si se pone en cero, que no siempre significa infinito. El inventario de certificados es de la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que vencen y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto: que se está sirviendo con el certificado de fábrica, que es el mismo en todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña del administrador, porque tener la sesión abierta no basta para reemplazar un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había. Son detalles pequeños, y son justo los que se extrañan a los seis meses.