Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un permiso no es un interruptor grande. IRIS reparte 315 permisos en 66 módulos, y se dan o se quitan uno por uno: se decide quién ve cuál cámara, quién exporta video y quién no puede hacer nada más que mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y alguno más—, y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Encima del permiso está el alcance: sobre cuál sede, sobre cuál cámara, sobre cuál caso, con fecha de caducidad y con aviso una semana antes de que venza. Y hay una regla escrita en la pantalla misma: si un grupo deniega algo, esa denegación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un grupo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

Agregar es lo único que admite el registro de auditoría: se escribe y ya no se toca. Eso no es una promesa del programa, es una regla del almacén de datos mismo, que rechaza cualquier intento de modificar o de borrar un asiento a mano, venga de quien venga. Cada asiento guarda 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde cuál dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y se amarra al anterior con una huella. En una instalación andando eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Un botón recorre la cadena entera y contesta si está íntegra o en cuál asiento y en cuál fecha se rompió. El registro se sella además por períodos, para que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tenía hoy.

Por tipo, y no en bloque, se tratan los datos personales. Cada tabla lleva su plazo con la base legal escrita al lado, y una pasada de madrugada lo aplica sola dejando rastro de lo que borró; antes de armarla se corre en simulacro, que no borra nada y enseña lo que caería. Después están las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás—, cada una con su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca; y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, y el panel destaca las que ya lo pasaron. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y descubrirlas exige motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, aparte del video, y la pantalla avisa por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en vez de dejar que se alargue sin que nadie diga nada.

El cumplimiento se lleva como una lista, no como un discurso. Están los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto —el marco de seguridad de la administración española— y los 93 del anexo A de la norma ISO 27001, cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo; los dos marcos van cruzados entre ellos, así que una sola declaración de aplicabilidad responde a las dos auditorías. Hay además un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una fila donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. Y conviene decir lo que esto no es: IRIS está hecho para ayudar a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno de ellos, y ninguno de los dos equivale a una acreditación costarricense ni la sustituye. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; lo que aporta el producto son las pruebas para lograrlo. La única verificación de un tercero que sí tenemos es la del conteo de personas ante el Centro Español de Metrología, el instituto nacional de metrología de España.

El daño que sale caro es el que se descubre el día que hace falta el video. Por eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar— y dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con los servicios y los servidores pasa igual: cuando algo falla no se pinta un icono rojo, se escribe el motivo, y el motivo separa entre no está andando, lleva horas sin refrescarse, responde pero no produce y se apagó a propósito. Hay además un diagnóstico que caza las fallas mudas, las que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un proceso de vigilancia detenido. Y una decisión que dice mucho del producto: cuando algo no se midió, la pantalla no lo pinta en verde. No es lo mismo que no haya daños que no haber podido comprobarlo, y acá se separan las dos cosas.

Toda la configuración vive dentro del sistema y se toca desde el navegador: 1.524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios— sin un solo archivo que editar y sin entrar al servidor. Cada cambio guarda quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro está documentado dentro de la plataforma misma: qué gobierna, en cuál unidad, cuál es su valor por defecto y qué pasa si se pone a cero, que no siempre quiere decir infinito. El inventario de certificados es de la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que vencen y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto: que se está sirviendo con el certificado de fábrica, que es el mismo en todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña del administrador, porque tener la sesión abierta no alcanza para sustituir un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había. Son detalles pequeños, y son justo los que se extrañan a los seis meses.