No te pedimos que te fíes. Te lo demostramos.

La más nueva de todas, y va exactamente de esto: cómo se construye y se controla un sistema de inteligencia artificial para que no termine haciendo cosas raras sin que nadie se entere.

«¿Y a la inteligencia artificial quién la controla?» es la pregunta más incómoda de un comité de compras, y esta norma te da la respuesta por escrito. Queda documentado quién entrena los modelos que miran tus cámaras, con qué datos, quién comprueba que aciertan y qué se hace cuando fallan. El día que esa pregunta aparezca en una auditoría, mostrás un certificado en vez de improvisar.

Es la norma de referencia en el mundo para proteger información. Viene alguien de afuera y revisa quién tiene permiso para entrar a qué, cómo se guardan las claves, qué pasa el día que alguien pierde una notebook y cómo se detecta que algo anda mal.

Tu área de sistemas no tiene que fiarse de nuestra palabra: pide el certificado y lo comprueba. Eso te ahorra el cuestionario de seguridad de cuarenta páginas que, si no, tendrías que mandarnos, esperar y evaluar vos. En un pliego, la casilla de seguridad de la información llega ya acreditada por un auditor externo.

Es la hermana de la anterior, aplicada a los datos de personas: qué se guarda de alguien, para qué, cuánto tiempo se guarda y quién tiene permiso para verlo.

El día que un vecino pregunte qué se guarda de él, existe un procedimiento escrito y no una improvisación. Y cuando te toque justificar el tratamiento de imágenes ante quien corresponda, o ante el responsable de datos de tu propia organización, el trabajo ya está hecho y auditado: no lo empezás el día que llega el pedido.

Trata del día malo: un incendio, un ciberataque, agua entrando en la sala de servidores. La norma obliga a tener escrito qué se hace, y sobre todo a haberlo ensayado antes.

En un pliego te van a preguntar qué pasa el día que el sistema se cae y en cuánto vuelve a estar en marcha. Con esta norma esa respuesta está medida y ensayada, no estimada por alguien de ventas. Es un plan de continuidad probado de verdad, no uno que se queda archivado hasta el día del incidente.

La norma de toda la vida. Obliga a que la forma de trabajar esté escrita, a medir si funciona y a corregirla cuando no.

Si algo sale mal, hay un procedimiento para arreglarlo y para que no se repita, y ese procedimiento se puede auditar. No depende de que ese día esté de turno el técnico que se lo sabe. En muchos pliegos esta norma aparece como requisito de solvencia técnica: con nosotros, esa casilla viene marcada de casa.

Mide y reduce lo que gastamos y lo que tiramos: consumo eléctrico de los servidores, residuos electrónicos, ciclo de vida de los equipos.

En una licitación los criterios ambientales puntúan, así que un proveedor certificado te suma en vez de restarte. Y si tu organización rinde cuentas de sus objetivos de sostenibilidad, nuestro consumo y nuestros residuos ya vienen medidos y auditados: no los tenés que estimar vos para la memoria anual.

Va de las personas que instalan y mantienen: quien sube a una columna de ocho metros a colocar una cámara, o quien entra a una planta de tratamiento o a un túnel.

El personal que pisa tu instalación entra capacitado, con elementos de protección y con procedimiento, y eso es justo lo que te van a pedir acreditar cuando coordines trabajos con contratistas. Si hay un accidente en tu predio, la documentación existe y está auditada por un tercero. Sin ella, el problema termina siendo tuyo.

Es el reglamento obligatorio de los sistemas que usa la Administración española, y se llama Esquema Nacional de Seguridad. Tiene tres niveles; el alto es el más duro, y se reserva para los sistemas cuya falla tendría consecuencias graves.

Acá no es una casilla local: el ENS es español, en Argentina no aplica y no lo presentamos como si aplicara. Sirve por lo que costó pasarlo. Es una auditoría de Estado, hecha por una entidad de certificación, más dura que la que pide casi cualquier pliego: quién entra a qué, cómo se traza cada acceso, qué queda registrado y qué pasa cuando algo falla. Es evidencia de rigor, no un requisito de tu país.

Es la directiva europea para los sectores de los que depende la vida diaria —energía, agua, transporte, salud—: los obliga a protegerse de ataques informáticos. Y no habla de categorías: separa entidades esenciales de entidades importantes, según el sector y el tamaño.

Es una directiva europea y en Argentina no te obliga a nada: no la presentamos como si aplicara acá. Sirve por dos cosas. Si tu organización también opera en Europa, tus proveedores entran en la ecuación, porque la directiva mira toda la cadena de suministro y esa casilla ya está marcada. Y si no opera allá, igual dice algo: es el nivel de exigencia con el que estamos acostumbrados a trabajar, comprobado por alguien de afuera.

El Ministerio del Interior de España emite el Certificado de Empresa Instaladora, y el nuestro es el número 3709. Es la habilitación legal para diseñar, equipar, instalar y mantener sistemas electrónicos de seguridad en territorio español. No es un sello de calidad: sin eso no se puede trabajar, así de simple.

Que la instalación la haga alguien habilitado para hacerla. Suena obvio y no lo es: una parte del mercado la montan empresas sin inscripción, y el día que hay un siniestro y el peritaje de la aseguradora pide el certificado de la instaladora, ese papel no existe y el problema pasa a ser tuyo. El número es 3709 y figura en el registro del Ministerio: no hace falta que nos creas. Y lo decimos claro: es una habilitación española, en Argentina no habilita nada y no la presentamos como si lo hiciera.

El Ministerio de Industria de España lleva un registro de empresas instaladoras, el RASIC, y para entrar hay que demostrar tres cosas: que el personal es competente de verdad, que están los medios para ejecutar y para mantener lo que se instala, y que la empresa tiene espalda económica para el trabajo que firma.

En un pliego, la casilla de solvencia técnica llega acreditada y no hay que armarla con certificados de obra y declaraciones juradas. Y en un proyecto largo pesa más todavía: que la empresa que firma cinco años de mantenimiento tenga con qué sostenerlos. Un sistema cuyo instalador desaparece al segundo año termina siendo tu problema y no el suyo. El registro es español y acá no es un requisito: sirve como prueba de que esa espalda la revisó un tercero.

IRIS incorpora NeuralPax, una licencia independiente, y hoy es el único sistema del mundo con esta homologación española: la del Centro Español de Metrología —el instituto nacional de metrología de España— para contar personas, medir capacidad y controlar afluencias. El Centro Español de Metrología es el organismo que dice si un instrumento mide bien: el mismo que homologa una balanza o un radar. Así que el número de gente que da IRIS no es una estimación nuestra: es una medida que verifica un tercero. Y es una homologación española: no equivale a una homologación argentina y no la presentamos como tal. Ojo también con el alcance: lo homologado es esa medida, no el producto entero.

Cuando digas que en un evento hubo doce mil personas, ese número no es una estimación: es una medida homologada, y la verifica un tercero y no nosotros. Lo que llega hasta acá no es el sello, es el método: la misma raya, en el mismo lugar, todos los días, y una cifra que se puede reproducir y que se puede mostrar. Es justo la que te van a discutir cuando haya que justificar una capacidad ante una aseguradora, ante un cliente o en un peritaje. Una estimación no aguanta ahí. La homologación es española y no equivale a una argentina: si tu caso necesita una acreditación local, se estudia con vos y no la damos por hecha. Y que quede claro el alcance: lo homologado es contar personas, no el producto entero.