Quién ve qué, quién hizo qué y cómo se demuestra después

Un permiso no es un interruptor grande. IRIS reparte 315 permisos en 66 módulos, y se conceden o se quitan uno a uno: se decide quién ve qué cámara, quién exporta vídeo y quién no puede hacer nada más que mirar. Vienen ocho perfiles hechos —administrador, operador, auditor, supervisor, técnico y alguno más—, y quien necesite otro los duplica y los recorta, sin límite. Encima del permiso está el alcance: sobre qué sede, sobre qué cámara, sobre qué caso, con fecha de caducidad y con aviso una semana antes de que expire. Y hay una regla escrita en la propia pantalla: si un grupo deniega algo, esa denegación gana siempre, aunque el perfil lo conceda. Es lo que permite dar un perfil amplio y recortarlo para un colectivo concreto sin inventarse un perfil nuevo.

El registro de auditoría sólo admite añadir: se escribe y ya no se toca. Eso no es una promesa del programa, es una regla del propio almacén de datos, que rechaza cualquier intento de modificar o de borrar un asiento a mano, venga de quien venga. Cada asiento guarda 27 datos —quién, qué, sobre qué, desde qué dirección, cómo estaba antes y cómo quedó después— y se ata al anterior con una huella. En una instalación en marcha eso son 489 acciones distintas registradas: entradas y salidas, cambios de permiso, la apertura de una grabación, el movimiento de una cámara, exportaciones, cambios de configuración. Un botón recorre la cadena entera y contesta si está íntegra o en qué asiento y en qué fecha se rompió. El registro se sella además por períodos, para que dentro de dos años se pueda contrastar el estado que tenía hoy.

Los datos personales se tratan por tipo, no en bloque. Cada tabla lleva su plazo con su base legal escrita al lado, y una pasada nocturna los aplica sola y deja traza de lo que borró; antes de armarla se puede lanzar en simulacro, que no borra nada y enseña lo que caería. Las siete solicitudes que puede presentar una persona —acceso, rectificación, supresión y las demás— tienen su pantalla, su plazo y su aviso cuando el vencimiento se acerca, y cualquier usuario presenta la suya desde su perfil. Una brecha de seguridad se abre con su reloj de 72 horas a la vista, y el panel destaca las que lo han superado. Las zonas privadas de una cámara van en negro para todos, y descubrirlas exige motivo escrito, una segunda persona que lo apruebe y un tiempo limitado. Los datos biométricos llevan plazo propio, separado del vídeo, y la pantalla avisa por escrito de que alargarlo aumenta la exposición legal, en vez de dejar que se alargue sin que nadie diga nada.

El cumplimiento se lleva como una lista, no como un discurso. Están los 79 controles del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto y los 93 del anexo A de la norma ISO 27001, cada uno con su estado, sus evidencias, la fecha de la última revisión y quién la hizo; los dos marcos van cruzados entre sí, así que una sola declaración de aplicabilidad responde a las dos auditorías. Hay además un registro de los sistemas de inteligencia artificial en uso y una cola donde una persona revisa decisiones de la máquina y las confirma, las anula o las escala. Y conviene decir lo que esto no es: IRIS está diseñado para ayudar a cumplir esos marcos, pero no está certificado ni homologado en ninguno de ellos. Quien se certifica es la organización que explota el sistema, con sus procesos y sus instalaciones; lo que aporta el producto son las pruebas para conseguirlo. La única homologación de un tercero que sí tenemos es la del conteo de personas ante el Centro Español de Metrología.

La avería que sale cara es la que se descubre el día que hace falta el vídeo. Por eso hay un panel que clasifica cada cámara —conecta, sin imagen, apagada a propósito, sin medir, sin vigilar— y dice desde cuándo está así, cuántos cortes lleva en las últimas 24 horas y en los últimos siete días, y cuál fue el más largo. Con los servicios y los servidores pasa igual: cuando algo falla no se pinta un icono rojo, se escribe el motivo, y el motivo distingue entre no está en marcha, lleva horas sin refrescarse, responde pero no produce y se apagó a propósito. Hay además un diagnóstico que caza los fallos mudos, los que nunca dan error: dos servicios peleando por el mismo puerto, un cambio de base de datos sin aplicar, un vigilante parado. Y una decisión que dice mucho del producto: cuando algo no se ha medido, la pantalla no lo pinta en verde. No es lo mismo que no haya averías que no haber podido comprobarlo, y aquí se distinguen las dos cosas.

Toda la configuración vive dentro del sistema y se toca desde el navegador: 1.524 valores repartidos en 44 servicios —cámaras, almacenamiento, red, plazos, idiomas y husos horarios— sin un solo fichero que editar y sin entrar al servidor. Cada cambio guarda quién lo hizo y cuándo, y cada parámetro está documentado dentro de la propia plataforma: qué gobierna, en qué unidad, cuál es su valor por defecto y qué ocurre si se pone a cero, que no siempre significa infinito. El inventario de certificados es de la misma escuela: los enumera todos, avisa de los que caducan y levanta por su cuenta dos advertencias que casi nadie escribe en un folleto: que se está sirviendo con el certificado de fábrica, que es el mismo en todas las instalaciones, y que hay direcciones de la máquina que no figuran en ningún certificado. Renovar uno vuelve a pedir la contraseña del administrador, porque tener la sesión abierta no basta para sustituir un certificado, y antes de tocar nada se guarda copia de lo que había. Son detalles pequeños, y son justo los que se echan en falta a los seis meses.